'SER' TIENE UNA TASA EN ESPAÑA.

A veces los pequeños eventos son los que mejor anuncian la decadencia actual de los derechos humanos que tanto costaron de asentar y que en cierto modo están ligados al nombre de Europa. Mi sorpresa ha sido cuando mi hija de 15 años me ha llamado desde un centro de la policía para pedirme dinero por la renovación de su DNI. Puede debatirse sobre obligación de llevar y de renovar periódicamente un documento identificativo expedido por la policía del Estado. Pero si la obligación formal tiene que acompañarse de una obligación de pago, son nefastas las correlaciones que de ello se desprenden. A partir de los catorce años, ‘ser’ en España cuesta dinero. Otros documentos como el carnet de conducir o el pasaporte se destinan hacia una actividad definida, pero con el DNI no se obtiene nada, no tiene un tránsito hacia algo. Nadie está eximido de ‘ser’ en el territorio en el que ha nacido o en el que ha crecido. No obstante, quien no paga la tasa por ser, estar directamente en la franja de lo penalizable. El derecho a la vida está en juego y también lo está el derecho a la libertad si consideramos que contraer una deuda con alguien o algo únicamente por el hecho de ser, en cierto modo te hace esclavo de ese alguien o algo. En otro marco social donde el criterio de identidad estuviera conectado con el territorio físico, la flora y la fauna en la que el cuerpo humano se ha formado, difÍcilmente se entendería que por ser se tuviera que pagar.

Pero en una sociedad donde la naturaleza está al servicio de los deseos del hombre esto no constituye un atentado. Como afirmaba Horkheimer: “El dominio de la Naturaleza implica el dominio del ser humano”.

     Tal vez piensen que me he precipitado por los solamente 10,4€ que cuesta el DNI, pero el valor límite permisible es algo que concierne a cada uno por sus medios de vida; por supuesto, los de un mendigo distan mucho de los de un banquero. También habrá quien piense que ser español tiene unos privilegios que bien valen esta miseria, pero lo cierto es que a nadie se le ha preguntado si desea adquirir estos privilegios.

    Solemos pasar por alto estos pequeños detalles de gran calado, y no son tan inofensivos como parecen. Recuerdo por ejemplo en mi niñez la consideración de los bancos como entidades seguras para proteger el dinero de robos y otros expolios caseros. El trato con los bancos se basaba en una relación contractual satisfactoria. Hoy el funcionamiento con los bancos es una obligación legitimada directa o indirectamente por la administración pública. Muchas de las obligaciones fiscales son imposibles de atender sin cuenta bancaria; hay desgravaciones imposibles sin su correspondiente reflejo bancario  y la mayoría de servicios de primer orden exigen domiciliación bancaria. Pero no existe el instrumento público equivalente. El resultado es que de cobrar antaño un pequeño interés por el dinero en cuenta, los bancos ahora te descuentan dinero por administrarla y por cada apunte bancario, y por cualquier gestión en general. Uno es prisionero de su propio dinero. 
Sin embargo, el control estatal a través del panóptico (*) bancario, retorna con efectos nocivos para el aparato del estado. Se depende instrumentalmente de quien suministra las cifras económicas del ciudadano y es una ingenuidad, como está de sobra testado, querer controlar con sus propios datos, a los entes que las proporcionan. En lo que la administración pública no reparó, es que dando de comer gratis al tiburón en la boca, quedaría prendida en sus fauces sin poder soltarse.

(*)  (Foucault, M; "Vigilar y castigar". Biblioteca nueva. 2012).

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